El ministro de Energía emitió un comunicado para desmentir la denuncia de la diputada en el Congreso
Hace dos meses la diputada Margarita Stolbizer denunció que, de forma análoga al convenio para sobrefacturar que mantenía Julio De Vido con la UTN de Santa Cruz, Juan José Aranguren había firmado un convenio con una ONG vinculada a la UTN de Venado Tuerto por “la suma de 13.510.986 pesos” hasta marzo de 2017.
En la sesión por el desafuero de De Vido, la diputada reiteró la denuncia y reforzó el mensaje con un discreto tweet, lo que desató la furia del ministro Aranguren que le respondió punto por punto mediante un comunicado oficial que subraya “No somos lo mismo”.
En su momento las sospechas recaían porque el convenio implicaba la contratación para el Ministerio con la triangulación de la ONG de personas que ya tenían otros trabajos o excedían la edad jubilatoria entre otras irregularidades.
“Ante la denuncia presentada a la Justicia Federal por la legisladora Stolbizer y los comentarios en medios de comunicación de su abogada, Silvina Martínez, seguidas por la intervención de la misma diputada Stolbizer (y de otros diputados de su espacio y de partidos de izquierda) durante la cesión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que trató el desafuero del diputado De Vido en el día de ayer, en las que comparó las acusaciones contra el exministro Julio De Vido en la causa “De Vido Julio y otros sobre malversación de caudales públicos” por “sobreprecios” en YCRT, con las efectuadas por la mencionada diputada por la contratación de personal realizada por el Ministerio a mi cargo bajo la figura de Asistencia Técnica por intermedio de Universidades Nacionales, indicando una modalidad similar para cometer presuntas irregularidades, nos vemos obligados a realizar las siguientes aclaraciones”, aseguró el ministro en el comunicado que lleva su firma.
En esencia, el documento subraya que la causa contra el ex ministro de Planificación es por “las irregularidades detectadas en varios contratos de locación de obra y de provisión de bienes que debieron hacerse por licitación pública y a precios de mercado, sin necesidad alguna de intervención para este cometido de la UTN o de una Fundación vinculada a la misma”. A la vez, resaltó que se trató de un convenio con “una universidad sin capacidad técnica ni legal para esta tarea, por cientos de millones de pesos”. En efecto, esa dependencia de la UTN no cuenta facultades de alguna de las ingenierías habilitadas para certificar las obras en Río Turbio.
Por el contrario, “La denuncia presentada por la diputada Stolbizer respecto de una contratación celebrada por el Ministerio a mi cargo, se refiere a otro tipo de convenio, en este caso de Asistencia Técnica, por el cual prestan servicios en la Administración Pública gran parte de sus agentes. Por dichos servicios, que deben ser certificados por un superior, se les abona honorarios a dichos agentes y la Universidad contratante o la unidad de vinculación tecnológica designada por la Universidad percibe un honorario administrativo del 10 al 12%, como ocurre con los más de 400 convenios de este tipo firmados por la Administración Pública con Universidades”, destacó Aranguren.
Según explica el ex CEO de Shell, al asumir al frente del Ministerio, heredó una planta de 2663 personas, de las cuales 1524 (57%) estaban contratadas bajo la modalidad de Asistencia Técnica, una modalidad creada durante el Kirchnerismo para contratar monotributistas que le facturan a universidades por los servicios prestados a la administración pública.
Por ende, para no dejar sin trabajo a estas personas y no paralizar el Ministerio, resolvió renovar el convenio “con carácter transitorio” y avanzar en “la regularización de la situación laboral de cientos de los contratados por asistencia técnica, que hoy ya gozan de los derechos propios de la relación de empleo, cobran el sueldo anual complementario y reciben los consiguientes beneficios sociales”, justificó Aranguren.
“Desde entonces se inició un proceso de pase de agentes a la condición de contratados bajo la Ley Marco de Empleo Público. Como resultado, a septiembre de 2017 nuestra planta era de 1764 personas, de las cuales 597 (34%) son contratados por Asistencia Técnica, y se prevé continuar con ese proceso de regularización”, agregó el ministro. Además acompañó el comunicado con un documento Anexo en el que responde punto por punto cada aseveración de la diputada “en honor a la transparencia reclamada legítimamente por la sociedad a los funcionarios”. “Hay una gran diferencia entre los hechos por los que se acusa a De Vido y lo denunciado por la legisladora Stolbizer, y no lo digo por la magnitud de los montos involucrados, sino por la legalidad de las medidas adoptadas”, remarcó el ministro a la vez que aclaró que aún no fue notificado por la Justicia de la denuncia de la legisladora del Frente 1País.
“Mal que le pese a la diputada Stolbizer, no somos lo mismo, no tenemos un doble estándar y pretendemos hacer de la transparencia de nuestros actos una bandera que le permita a la sociedad volver a confiar en sus servidores públicos”, concluyó Aranguren.
